Una medida de fuerza ilegal, deslegitimada, desproporcionada e inconcebible. Ayer se concretó el segundo día del paro convocado por la Unión Tranviario Automotor (UTA) que impidió la prestación de los servicios de transporte urbano de las empresas ERSA y San Lorenzo y que dejó a pie a decenas de miles de usuarios correntinos.

El cronograma de hechos refleja no solo la irracionalidad de la medida de fuerza sino también la direccionalidad de la misma. El jueves a la mañana, la UTA anunció que implementaría la medida de fuerza. Por la tarde, la Secretaría de Trabajo de la Provincia dispuso la Conciliación Obligatoria y declaró la ilegalidad del paro. En la misma notificación convocó a las partes – sindicalistas y empresarios a una reunión que se concretaría mañana, lunes. Pero los gremialistas ignoraron al órgano de contralor y llevaron adelante la huelga.

En la madrugada del viernes, los colectivos no pudieron salir de los galpones de ERSA. Es que en el frente, los sindicalistas realizaron un amenazante piquete al que se sumaron, insólitamente, carreros que atravesaron sus vehículos para impedir el inicio de la prestación de servicios.

El otro extremo de la ciudad, en la Empresa Miramar, los colectiveros esperaron hasta media mañana para comenzar a circular. Es que los trabajadores del volante recién empezaron a trabajar cuando entendieron que había garantías de seguridad para ellos y los usuarios a los que transportaban. De todas maneras, durante gran parte de la jornada los micros sufrieron agresiones. En una de ellas, perpetradas contra un micro de la línea 110 C Santa Catalina, una pasajera recibió un impacto en la cabeza de un balín de acero.

En esa jornada, un sinnúmero de choferes de ERSA se pusieron detrás de los volantes y condujeron los colectivos hasta la salida de los galpones. Sin embargo, desde afuera estaba latente la amenaza de vandalismo contra los buses y los trabajadores.

El paro en Corrientes se concretó, increíblemente, en medio del cuarto intermedio establecido en las tratativas entre el Consejo Directivo nacional de la UTA y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), conversaciones monitoreadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano. La continuidad del diálogo está prevista para mañana, a las 16.

El conflicto se da porque la UTA pretende que los choferes del interior del país perciban los mismos salarios que los de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el Gobierno nacional eliminó los subsidios para quienes prestan el servicio en las provincias, pero mantiene giros multimillonarios para las firmas del AMBA.

Ayer por la tarde, en el marco del segundo día del paro, la Cámara Empresas de Transporte Urbano de Corrientes emitió un comunicado de prensa en el que expresó el cuadro de situación. La misma se transcribe a continuación.

"La Cámara Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (CETUC), lamenta el daño provocado al público usuario del Transporte Urbano de Pasajeros, a quienes reconoce como los más afectados del sistema, sin ninguna responsabilidad, pide disculpas y comunica:

Las empresas nucleadas en esta entidad, ERSA Urbano SA y Transporte San Lorenzo UT, se encuentran impedidas de prestar los servicios habituales en las líneas y ramales asignados.

La medida de fuerza que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor va más allá de un reclamo de mejoras salariales, al impedir, obstaculizar y bloquear la salida de las unidades de transporte de pasajeros, mediante acciones violentas y amenazas, han logrado evitar el cumplimiento de los servicios a cargo de las empresas afectadas.

No solo el accionar de la UTA constituye un acto de incumplimiento de la Conciliación Obligatoria, dando lugar a la ilegalidad de la medida dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, sino implica un acto incurso en una tipificación penal, un delito, en los términos del Artículo 194 del Código Penal, que diera origen a la realización de las denuncias respectivas, sobre las cuales se requiere de un pronto accionar por parte de la autoridades policiales y judiciales ante el grave daño provocado a la comunidad toda y frente a la prosecución de acto delictual que amenaza con continuar por tiempo indefinido.

Desde las empresas se hicieron todos los esfuerzos posibles para salir a prestar los servicios, en las mismas condiciones de las empresas de transporte de pasajeros del interior y de la empresa Miramar Estrella UT en el servicio urbano de la ciudad de Corrientes. Sin embargo y a pesar de contar con personal dispuesto a trabajar, debidamente certificados y fiscalizados por autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y de la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Corrientes, un grupo de activistas bloqueó la salida de las unidades a diferencia de lo ocurrido con el resto de las empresas locales y de toda la provincia a quienes si la UTA permitió que salgan a trabajar aún sin acuerdos u ofrecimiento alguno vinculado a los reclamos de los trabajadores.

Ante el bloqueo provocado por UTA, las empresas ERSA Urbano SA y Transporte San Lorenzo UT, nucleadas en esta entidad, hicieron un esfuerzo más, ofreciendo la suma de $60.000 sobre el básico conformado actual de $537.000, en similares condiciones de las que se acordaran en otras jurisdicciones y por encima de cualquier otra actitud asumida por el resto de las empresas de la provincia y de Capital que prestan servicios sin propuesta de mejora alguna. Sin embargo tuvo como respuesta un rechazo de la conducción gremial sin motivación alguna, continuando con la medida de fuerza.

La UTA ha resuelto dentro de la provincia que convivan tres calidad de trabajadores diferentes, con tres convenios y salarios distintos, trabajadores que siguen cumpliendo su debida labor en el interior con escalas salariales más bajas que en Capital; trabajadores que siguen prestando servicios en la empresa Miramar Estrella UT sin propuestas sobre nuevas paritarias y trabajadores de la empresas ERSA Urbano SA y Transporte San Lorenzo UT que a pesar de la propuesta de mejora, continúan con un paro ilegal, sin fundamento alguno.

Es evidente que UTA, a más del trato desigual entre empresas, pretende continuar sosteniendo trabajadores de primera y trabajadores de segunda, el bloqueo a las empresas que integra la entidad y el "permiso" al resto de las empresas para sigan trabajando, dan cuenta que mediante su accionar delictivo y extorsivo sobre estas operadoras del 80% de los servicios de Capital y de servicios interurbanos y de media distancia, podría asegurar el reconocimiento de una pauta salarial a todas luces "impagable" que tiene por fin elevar el salario de un trabajador que recién empieza a una suma cercana a $1.000.000 más cerca de $5.000 de viáticos diarios.

El impacto salarial en los costos de las empresas no se encuentra cubierto en tarifas o compensaciones, de hecho, en relación a las compensaciones el sistema cuenta con menos recursos aún para sostener la pauta salarial actual sin aumentos, no dejando otra salida que la continuidad de los Procesos Preventivos de Crisis abiertos a los que la UTA también se niega a asistir.

Las empresas son prestadoras de un servicio público, cuyo dueño es el Estado Concedente, quien fija las reglas de juego, determina las tarifas o compensaciones para sostener los servicios y quien, en su caso, arbitra las medidas para resolver la crisis y/o ejercer su poder de policía y/o provocar las acciones para disuadir un conflicto ilegal y criminal que tiene vilo a 80% de los servicios de Capital y cerca de 100.000 usuarios que se transportan día a día para cumplir con sus actividades.

La continuidad de los servicios y la fuente de trabajo que generan se encuentran en su peor momento, cada una de las partes deberá asumir las responsabilidades que les caben, desde las empresas se hicieron todos los esfuerzos necesarios para salir a brindar servicios a los principales afectados, los usuarios, que requieren de una pronta salida racional y adecuada a las condiciones de emergencia actuales, requiriendo que desde las autoridades se produzcan los actos urgentes para controlar la grave situación generada que amenaza con su continuidad en el tiempo, originando anarquía y una fuerte afectación del Estado de Derecho en el orden provincial".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Epoca